En la era del crédito digital, la posibilidad de obtener préstamos monetarios a través de Internet ha promovido la inclusión financiera y democratizado el acceso al crédito. No obstante, algunas plataformas ilegales emplean el hostigamiento, las amenazas y la difamación como técnicas de cobro abusivas, infundiendo miedo e inseguridad entre los usuarios.
El aumento de plataformas ilegales de préstamos monetarios ha suscitado una creciente preocupación en Colombia. Estas plataformas operan al margen de la ley y utilizan tácticas abusivas, como el hostigamiento mediante mensajes difamatorios, amenazas a familiares e incluso la divulgación de imágenes privadas. Este acoso no solo compromete la estabilidad financiera de las personas, sino también su bienestar emocional y físico.
Para abordar esta problemática, Alianza In y la campaña Jaque al Fraude se han asociado con empresas líderes del sector, como RapiCredit, para lanzar una iniciativa que alerte a la ciudadanía sobre estos métodos abusivos de cobro. Además, se busca educar a las personas para que puedan identificar y evitar caer en estas redes de fraude financiero.
Daniel Materón, CEO de RapiCredit, comentó: “Estamos comprometidos con la seguridad de nuestros clientes y con la transparencia en nuestros servicios financieros. Este proceso con Alianza In y Jaque al Fraude es un paso crucial para combatir el fraude y la informalidad en el sector del crédito digital”.
Según datos de Colombia Fintech, el 70% de los créditos de hasta $500.000 han sido otorgados por plataformas de crédito digital, con montos generalmente menores a $2 millones y a la fecha se han brindado más de 8 millones de créditos digitales legales en Colombia.
De estos beneficiarios, el 35% están reportados negativamente en centrales de riesgo y el 35% de los usuarios de crédito digital luego acceden a crédito bancario tradicional. Además, un 36.6% de las deudas se toman para el pago de otras deudas, un 14.4% para educación, un 11.6% para arriendo y un 10.7% para mercado. Asimismo, el 40% de los créditos colocados han tenido planes de alivio.
Precisamente, empresas como RapiCredit, Ya Dinero y Juancho Te Presta se han unido a la lucha contra el fraude y la informalidad, priorizando la seguridad de sus clientes y promoviendo la transparencia en sus servicios financieros.
Para Materón “es crucial estar alerta y protegerse contra el fraude en un mundo cada vez más digitalizado, por eso, es importante que los usuarios solo hagan sus procesos de créditos con empresas reconocidas para evitar caer en las trampas de las plataformas de crédito piratas y garantizar una experiencia financiera segura para todos; por eso, antes de acceder a un préstamo en línea, deben investigar la plataforma, desconfiar de la falta de transparencia en las condiciones del préstamo y leer detenidamente los términos y condiciones”.
Finalmente, Alianza In invita a las personas a que tomen las medidas legales pertinentes denunciando a los instigadores. De esta manera los usuarios tendrán oportunidad de evitar que se lleven a cabo más actos de este tipo a otras personas. Se debe denunciar ante la Superintendencia de Industria y Comercio y ante la Fiscalía General de la Nación.
En la era del crédito digital, la posibilidad de obtener préstamos monetarios a través de Internet ha promovido la inclusión financiera y democratizado el acceso al crédito. No obstante, algunas plataformas ilegales emplean el hostigamiento, las amenazas y la difamación como técnicas de cobro abusivas, infundiendo miedo e inseguridad entre los usuarios.
El aumento de plataformas ilegales de préstamos monetarios ha suscitado una creciente preocupación en Colombia. Estas plataformas operan al margen de la ley y utilizan tácticas abusivas, como el hostigamiento mediante mensajes difamatorios, amenazas a familiares e incluso la divulgación de imágenes privadas. Este acoso no solo compromete la estabilidad financiera de las personas, sino también su bienestar emocional y físico.
Para abordar esta problemática, Alianza In y la campaña Jaque al Fraude se han asociado con empresas líderes del sector, como RapiCredit, para lanzar una iniciativa que alerte a la ciudadanía sobre estos métodos abusivos de cobro. Además, se busca educar a las personas para que puedan identificar y evitar caer en estas redes de fraude financiero.
Daniel Materón, CEO de RapiCredit, comentó: “Estamos comprometidos con la seguridad de nuestros clientes y con la transparencia en nuestros servicios financieros. Este proceso con Alianza In y Jaque al Fraude es un paso crucial para combatir el fraude y la informalidad en el sector del crédito digital”.
Según datos de Colombia Fintech, el 70% de los créditos de hasta $500.000 han sido otorgados por plataformas de crédito digital, con montos generalmente menores a $2 millones y a la fecha se han brindado más de 8 millones de créditos digitales legales en Colombia.
De estos beneficiarios, el 35% están reportados negativamente en centrales de riesgo y el 35% de los usuarios de crédito digital luego acceden a crédito bancario tradicional. Además, un 36.6% de las deudas se toman para el pago de otras deudas, un 14.4% para educación, un 11.6% para arriendo y un 10.7% para mercado. Asimismo, el 40% de los créditos colocados han tenido planes de alivio.
Precisamente, empresas como RapiCredit, Ya Dinero y Juancho Te Presta se han unido a la lucha contra el fraude y la informalidad, priorizando la seguridad de sus clientes y promoviendo la transparencia en sus servicios financieros.
Para Materón “es crucial estar alerta y protegerse contra el fraude en un mundo cada vez más digitalizado, por eso, es importante que los usuarios solo hagan sus procesos de créditos con empresas reconocidas para evitar caer en las trampas de las plataformas de crédito piratas y garantizar una experiencia financiera segura para todos; por eso, antes de acceder a un préstamo en línea, deben investigar la plataforma, desconfiar de la falta de transparencia en las condiciones del préstamo y leer detenidamente los términos y condiciones”.
Finalmente, Alianza In invita a las personas a que tomen las medidas legales pertinentes denunciando a los instigadores. De esta manera los usuarios tendrán oportunidad de evitar que se lleven a cabo más actos de este tipo a otras personas. Se debe denunciar ante la Superintendencia de Industria y Comercio y ante la Fiscalía General de la Nación.